Por Juan Pablo Ferrari
En un contexto donde la estabilidad democrática y la transparencia son pilares fundamentales para sociedades como la costarricense, la situación que atraviesa el periodismo de investigación en el Perú enciende alarmas internacionales. Gustavo Gorriti (Lima, 1948), director de IDL-Reporteros y recientemente nombrado Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025, enfrenta hoy una de las ofensivas judiciales y políticas más agresivas de su carrera, un fenómeno que los expertos califican como un intento de criminalizar el ejercicio periodístico.
Un legado de fiscalización al poder
Gorriti, de 78 años, ha dedicado décadas a destapar las tramas más oscuras del poder. Desde sus reportajes sobre el grupo terrorista Sendero Luminoso en los años 80 hasta el desmantelamiento de la red de corrupción de Vladimiro Montesinos bajo el régimen de Alberto Fujimori —quien fue condenado por ordenar el secuestro del periodista en 1992—, su labor ha sido fundamental para la justicia peruana.
Sin embargo, su trabajo más resonante para la región ha sido la investigación del caso Lava Jato y la constructora Odebrecht. A través de una red colaborativa que incluyó a periodistas de diversos países, Gorriti reveló cómo la empresa brasileña sobornó a presidentes, funcionarios y empresarios en toda América Latina para obtener contratos multimillonarios. En el Perú, esta macrocausa ha procesado a casi todos los presidentes del siglo XXI, incluyendo a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y al fallecido Alan García.
La “venganza” desde el Congreso
La actual amenaza contra Gorriti emana del Congreso del Perú, que recientemente validó un informe recomendando su denuncia penal por delitos como cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. El periodista sostiene que estas acusaciones son una “campaña de desinformación y descrédito” impulsada por una coalición que busca anular las revelaciones de Lava Jato.
Un dato que resuena con fuerza es el evidente conflicto de intereses: los cinco congresistas que integran la comisión investigadora están, a su vez, siendo investigados en el marco del caso Lava Jato. Además, el fiscal nacional que deberá decidir si abre la causa penal, Tomás Gálvez, fue anteriormente investigado en el caso de corrupción judicial conocido como “Cuellos Blancos del Puerto”, destapado precisamente por Gorriti e IDL-Reporteros.
La nueva ofensiva judicial contra Gorriti se produce en un momento de creciente retroceso institucional en Perú y coincide con el regreso al primer plano político de Keiko Fujimori, que pasó un año en prisión preventiva por Lava Jato y quien asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio.
Contexto para Costa Rica: un espejo regional
Para el lector costarricense, acostumbrado a los altos estándares de libertad de prensa, el caso peruano sirve como una advertencia sobre la fragilidad de las instituciones. Según Reporteros Sin Fronteras, Perú ha caído 67 puestos en la clasificación mundial de libertad de prensa desde el año 2022, el descenso más drástico en América Latina.
Este tipo de hostigamiento judicial, conocido como lawfare, no es ajeno a la historia de Gorriti en la región. Durante su exilio en Panamá en los años 90, también fue blanco de intentos de expulsión y demandas por difamación tras revelar vínculos entre el narcotráfico y la campaña del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares. La presión de organismos como la CIDH y la SIP fue crucial entonces, tal como lo es ahora.
Respaldo internacional ante la persecución
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han expresado su “firme rechazo” al uso del poder legislativo para silenciar al periodismo independiente. Consideran que exigir la entrega de fuentes y números telefónicos —como ha intentado la fiscalía peruana— es una violación directa al secreto profesional.
A pesar de los ataques de grupos de choque radicales y la presión política, Gorriti, quien también libró una reciente batalla personal contra el cáncer, se mantiene firme. “Ni por un momento me he arrepentido de lo que he hecho”, afirmó el periodista, subrayando que la respuesta ciudadana y de los medios internacionales es la defensa más efectiva contra la impunidad.
El destino de esta investigación penal contra Gustavo Gorriti no solo definirá el futuro de un comunicador emblemático, sino que marcará un precedente sobre si en América Latina el periodismo de investigación seguirá siendo un contrapeso al poder o si será castigado como un crimen.
