Vinieron hace tres meses. Entraron de manera ilegal por un punto ciego en la frontera. Escaparon de un conflicto que les quitó amigos, familia y sueños. Veinteañeros cuyos estudios y anhelos profesionales les fueron arrebatados con plomo.

Gender es uno de ellos. Llegó a Costa Rica en agosto, un jovencito corpulento de 21 años. Estudiaba Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua. Después de pasar cuatro meses arriesgando su vida en las calles, llegó su momento de huir.

“Vine por amenazas de muerte en mi contra, tenía que salir de Nicaragua”

A Gender le asustaba la idea de morir o estar preso, así que, junto a cuatro amigos de la universidad, decidió desertar a Costa Rica, dejando atrás a su familia, sus estudios y todas sus pertenencias.

Era un estudiante como cualquier otro, tenía sus amigos, salía con ellos de fiesta, era parte de un grupo de asistentes que ayudaba en los cursos más difíciles, e incluso sus notas eran muy buenas, mantenía un promedio destacado de 91.

Estaba cursando su quinto año en Medicina, le faltaban dos meses para terminar su penúltimo semestre. Quería sacar una especialidad y también le interesaba ser profesor en su facultad. Uno de sus sueños era aportar en el tema de la salud mental, un área que, según él, está “desfasada” en Nicaragua.

En eso comenzaron las protestas, un 18 de abril. Ese día vieron por las noticias que el gobierno de Daniel Ortega había reprimido a un grupo de estudiantes que se manifestaban en contra de un reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Entre las medidas se incluía una reducción del 5% a las pensiones que reciben cientos de miles de jubilados.

Gender, junto a otros estudiantes de Medicina, prepararon botiquines y salieron a las calles.

“Estuve en las calles, con mi estetoscopio y mi bata, a esperar lo que viniera”, manifestó Gender quien en la foto usa su bandera al revés como símbolo de una Nicaragua que está “de cabeza”.

Su trabajo en las protestas era atender a las personas intoxicadas por gases lacrimógenos, ayudar a los heridos y trasladarlos a otros puestos donde había médicos especializados porque, según dijo, los hospitales públicos no brindaban el servicio a los manifestantes.

De la noche a la mañana Gender pasó de ser un estudiante común a un delincuente buscado en su país. Sus aulas pasaron de ser centros de estudio a trincheras asediadas por armas de fuego y morteros.

Pudo sobrevivir porque “increíblemente el resto de la población nos protegía, entre todos nos protegíamos, y más al cuerpo médico voluntario, porque éramos la esencia de las protestas”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que a la fecha han muerto 325 personas en enfrentamientos con el gobierno, aunque la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) elevó la cifra a 528. Entre esos números están registrados estudiantes con los que Gender y sus amigos compartían pupitres.

Datos recopilados por La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP) indican que un 37,79% de los fallecidos en las protestas estaban en un rango de edad de entre los 16 y 25 años.

Con casi 39.000 estudiantes, la UNAN es la universidad más grande de Nicaragua. Tras la toma de las instalaciones por parte de los estudiantes, la institución tuvo que poner en pausa todas sus actividades durante más de dos meses. Gender relata que las autoridades cerraban los portones de la universidad para evitar que los estudiantes salieran a manifestarse.

Mientras se desarrollaba el conflicto, Gender empezó a recibir amenazas de muerte hacia él y su familia. Quedarse en Nicaragua dejó de ser una opción, por eso, junto a cuatro amigos -Mapache, Marenco y Roberto-, dejaron atrás la vida que tenían y emigraron a Costa Rica.

Vinieron sin papeles ni pertenencias. “Ser estudiante universitario es un riesgo, si me encontraban con papeles me podrían hacer algo, entonces vine solo con mi cédula”, expresó Gender.

“Vine con un grupo de cuatro amigos por un punto ciego de la frontera, porque entrar legalmente era meterse a la boca del lobo. Supimos de un grupo que trató de venir de manera legal y en la frontera los agarró la policía orteguista y se los llevó presos”, narró Gender.

Sus familiares no les han podido enviar dinero, se han tenido que mantener a base de ayudas que dan organizaciones de ayuda a migrantes. Al ser un migrante indocumentado no ha podido encontrar un trabajo. Pasa sus días ayudando como voluntario en el Consultorio Médico Sor Maria Auxiliadora Romero, donde atiende a refugiados nicaragüenses.

Ellos forman parte de los 16.907 nicaragüenses que han solicitado refugio en lo que va del 2018, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

“Estoy solo acá en Costa Rica, mi familia está en Nicaragua. En parte saben que estoy mejor aquí porque tengo seguridad. A mi hermano mayor lo han estado amenazando, existe siempre el temor pero hay que seguir denunciando”, expresa Gender.

Su educación en Nicaragua quedó en suspenso. No sabe si algún día podrá volver a su país, a su universidad, a retomar sus estudios para convertirse en médico. Su única opción por el momento es continuar sus estudios en alguna universidad en Costa Rica, pero para eso debe cumplir requisitos que, por ahora, son imposibles.

El conflicto político generado por la represión del gobierno de Ortega en contra de los sectores sociales frenó a una Nicaragua que venía en ascenso económico. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado “Perspectivas de la economía mundial octubre 2018” proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua se contraerá un 4% este 2018 y un 1% en el 2019, dejando atrás el crecimiento de los últimos ocho años. En 2017 el crecimiento del PIB fue de 4,9%.

A nivel laboral se proyecta una pérdida de 85.100 empleos, lo cual equivaldría a una tasa alrededor del 6%. Los ingresos en el sector turismo disminuyeron drásticamente a partir del segundo trimestre (abril, mayo y junio) de este año. En este período ingresaron $111,6 millones, menos de la mitad de lo que se registró en los tres primeros meses del año, cuando ingresaron $256,1 millones, según cifras del Banco Central de Nicaragua.

Gender mantiene su buena actitud a pesar de las dificultades. Considera que este conflicto le ha dejado muchas lecciones de vida. “He aprendido a ser más humanista, más tolerante y es un desafío que acepto”.

“Prefiero ser un migrante que ser considerado un ‘terrorista’ (como lo etiquetó el gobierno de Daniel Ortega). O, peor aún, ser uno más en la lista de fallecidos”, expresó Gender.

Uno de los requisitos que pide esta universidad es una carta extendida por la Oficina del Alto Comisionado de las Nacional Unidas para los Refugiados (Acnur) en la que confirmen que están registrados en Costa Rica como tales.

Gender no tiene esa condición aún. La cita para sacar su carné de refugiado será hasta el 18 de enero del 2019.

La segunda opción es la Universidad de Costa Rica, que permitió a 33 estudiantes continuar sus estudios, siempre y cuando aportaran una carta firmada y sellada por la oficina de Relaciones Internacionales de la universidad de origen.

“Obviamente ninguna autoridad (de la UNAN) va a dar esa carta a un joven que fue acusado de terrorismo”,afirma Gender. Por eso sus opciones de estudio se desvanecieron.

A pesar del deseo y el derecho de seguir su vida normal, algunos jóvenes nicaragüenses que están en el país en una situación similar a Gender han manifestado en diversas marchas de apoyo a Nicaragua que sienten el dilema de seguir adelante mientras en su país la crisis política continúa.

“No puedo estudiar acá y hacer como que no pasa nada en mi país”, manifestó Ricardo Robleto, quien solía ser estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).

“No quiero que me acostumbren a vivir acá mientras mi país está en guerra. Lo que vivimos en Nicaragua es un genocidio”, manifestó Robleto.

Dentro de la UNAN-Managua, la tensión política impide a estudiantes que huyeron al extranjero contar con documentación oficial. Así lo denuncia el profesor Freddy Quezada, quien hasta hace poco impartía el curso de Metodologías de la Investigación y Teorías sobre la Comunicación en ese recinto.

Quezada apoyaba la lucha estudiantil. Fue despedido sin una justificación clara junto con otros 54 docentes de la UNAN que hoy se encuentran sin trabajo.

El profesor comentó vía telefónica desde Nicaragua que la Universidad se escuda en el artículo 45 del Código de Trabajo para no darle una respuesta concreta, según el cual, las causales de despido son discrecionales, de acuerdo con lo que aleguen los empleadores.

Una incertidumbre similar viven los estudiantes. “Expulsaron a 82 alumnos, al menos en mi universidad, alegando terrorismo, vandalismo y golpismo, cargos que no existían en nuestro Código Penal hasta después de las tomas de universidades”, comentó el profesor.

Los docentes y personal administrativo trabajan bajo vigilancia, control y amenazas, denunció Quezada. “Un verdadero cuartel”.

Marenco, una de las jóvenes que huyó junto a Gender, forma parte de esas 82 expulsiones, solía estudiar Trabajo Social en la UNAN-Managua.

“Oficialmente estoy expulsada de la Universidad. No sé realmente de qué me acusa pero se supone que he hecho faltas graves solo por estar protestando. Son cuatro años de mi carrera que han tirado totalmente a la basura”, comenta Marenco que, la amiga de Gender que también vive en Costa Rica con un futuro incierto.

“No voy a poder regresar a la universidad hasta que las cosas cambien”, expresa Marenco.

Por ahora, Gender y sus amigos siguen estancados en Costa Rica, sin poder seguir con sus estudios o trabajar, lejos de su familia y amigos, con cargos de terrorismo y golpismo esperándolos en su país.

Una fuga de talentos que según Ronald Arce, investigador del Clacds, del Incae, afectaría en mayor o menor medida dependiendo de qué tan rápido se logre normalizar la situación.

“Esos jóvenes que han tenido que huir son líderes que a futuro Nicaragua corre el riesgo de necesitar. Se perderían estas instancias de liderazgo indispensable para impulsar cambios y el desarrollar el país”.

Reportaje publicado en La Nación