Una pila de expedientes se multiplica todos los meses en el departamento de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de la Municipalidad de Santa Cruz, donde su nuevo encargado, Onías Contreras, intenta resolver sin mucho éxito los miles de papeles con peticiones, concesiones vencidas, avalúos sin realizar y otra fila de tareas acumuladas.
“No tenemos un control detallado ni efectivo de todos los datos de cada concesión, entonces obviamente tenemos un montón vencidas o a punto de vencerse”, acepta Contreras en su oficina de pocos metros cuadrados y escasa luz.
La Voz de Guanacaste y el programa de periodismo Punto y Aparte se unieron para investigar cómo utiliza la municipalidad de Santa Cruz el dinero que ingresa por los cánones que pagan los concesionarios de los 200 metros restringidos de tierra después del mar, llamados zona marítimo terrestre, y que son un bien del Estado, de todos los guanacastecos.
Descubrimos que el dinero que debería destinarse para mejorar la zona pública de sus costas y mantener al departamento que hace inspecciones y avalúos (un 40% del total) no alcanza ni siquiera para cubrir los gastos burocráticos, como el pago de salario de los funcionarios, que el año pasado costó ¢85 millones.
“No tenemos un control detallado ni efectivo de todos los datos de cada concesión”, Onías Contreras, ZMT Santa Cruz.
La investigación también demostró que, en las últimas dos décadas, el municipio incumplió con su deber de actualizar el valor de las propiedades cada cinco años, contemplado en el reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre, perdiendo la posibilidad de que la muni recaude más dinero.
El único documento que unifica alguna información (aunque no toda) de los 129 concesionarios de la ZMT santacruceña, evidencia que el 90% de los terrenos tuvieron su última actualización (avalúo) hace más de cinco años.
Por ejemplo, una propiedad en Brasilito cuyo último avalúo se aplicó el 3 de marzo del 2000 debe pagar ¢51.340 por concepto de canon cada año. Solo tomando en cuenta la inflación (sin el valor de la propiedad) esa finca debió pagar ¢168.732 por canon en marzo del 2016, pero sigue pagando lo mismo que hace 17 años.
El documento, del cual La Voz de Guanacaste tiene copia, no evidencia cuáles concesiones están vencidas ni cuál es realmente el precio que deberían pagar los concesionarios. Y los funcionarios también lo desconocen.
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Un problema viejo y conocido
¿Cómo llegó la municipalidad a este punto? Hasta hace un año, el jefe del departamento de ZMT era un funcionario de apellido Padilla, quien fue despedido en enero de este año por la actual alcaldesa María Rosa López tras concluir que, supuestamente, el funcionario incumplió con sus labores, agredió a los usuarios y trabajó bajo los efectos del alcohol.
La Voz de Guanacaste informó desde el 2015 que varios regidores y vecinos se quejaban del funcionario, pues en ese momento llevaba más de un año sin entregar informes técnicos, lo que atrasó la adjudicación de concesiones.
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Según Leticia Gutiérrez, la jefa de administración tributaria de la municipalidad, Padilla era receloso con su departamento. “Él no permitía que se ingresara al departamento. No permitía intervenciones”, dijo ella, quien también era su jefa.
La Voz de Guanacaste intentó conocer la versión del exfuncionario, sin embargo, no atendió a ninguna de las llamadas que este medio le realizó a su teléfono celular.
Los jerarcas municipales no pueden alegar desconocimiento del problema. A toda la lista anterior, se suma que la Contraloría General de la República (CGR) advirtió el desorden en el departamento desde el 2004 y, aunque la municipalidad acató las órdenes en el 2010, la situación sigue siendo muy similar a la que retratan los informes de hace más de diez años.
¿Qué pasaría si esa plata existiera?
Los problemas financieros de la municipalidad no se limitan a la falta de ingresos por zona marítimo terrestre. Sin embargo, es la mayor oportunidad de crecimiento del cantón, coinciden el director Financiero, Mario Moreira, y el de Planificación, William Huertas.
“Santa Cruz tiene la costa comercial más grande de la provincia. Podríamos recoger mucho más dinero”, Mario Moreira, director financiero Santa Cruz
“Santa Cruz tiene la costa comercial más grande de la provincia. Podríamos recoger mucho más dinero”, afirma Moreira, con un poco de amargura y de resignación.
La Ley 6043 de Zona Marítimo Terrestre establece que lo recaudado por el canon debe invertirse de la siguiente forma: un 20% para la construcción de obras públicas, un 40% en el mejoramiento del cantón y el restante 40% a la mejora de la zona pública (con el permiso del ICT) y el pago del departamento de ZMT.
Por ejemplo, en el 2016 la municipalidad logró recaudar ¢160 millones. De ellos el 40% (¢67 millones) debió invertirse tanto en el departamento como en la zona pública, pero para este último rubro no alcanzó, pues solo mantener la oficina costó ¢85 millones.
¿Y ahora?
Leticia Gutiérrez cree que el siguiente paso es tomar la base de datos, ir a campo y revisar una por una cada finca, para actualizar los avalúos y confirmar si la información de cada expedientes es verídica.
¿Son suficientes dos funcionarios para inspeccionar 129 propiedades? “Uno tiene que trabajar con lo que hay”, dijo Gutiérrez.
La alcaldesa María Rosa López dijo que contrató a un tercer trabajador para transcribir la información de los expedientes. Esta información podrá alimentar un nuevo software que permitiría tener un mejor control sobre la gestión de cobro del canon.
Aunque López no incluyó el fortalecimiento de la gestión del canon en su plan de gobierno, tuvo que resolver situaciones que por años perjudicaron los ingresos y mejoras del cantón. Ahora, desde una oficina de pocos metros cuadrados, tres personas tienen que resolver el mundo de las concesiones santacruceñas.
La falta de un documento que ordene integralmente a las playas del cantón de Santa Cruzretrasa y entorpece la inversión turística en sus 94 km de costa comercial, lo que afecta las oportunidades de empleo y emprendimiento.
La ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043) establece que solo se pueden concesionar las zonas con un plan regulador vigente y aprobado por el concejo municipal. Cuando una municipalidad carece de este ordenamiento, pone una barrera para la inversión en esas zonas turísticas.
“Las municipalidades pierden oportunidades por no pensar en planificación urbana”, dice Félix Zumbado, investigador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS) de la Universidad de Costa Rica.
El Instituto Costarricense de Turismo, ente que por ley fiscaliza este proceso, registra un plan regulador para 18 playas de Santa Cruz, pero la municipalidad no ha realizado uno que unifique a todas las costas.
Estos planes deben formularse con una visión integral del territorio, que permitan un balance entre la conservación del medio ambiente y la explotación comercial de la zona, coinciden los especialistas.
La consecuencia para las finanzas municipales queda clara cuando se le compara con otros gobiernos locales que sí tienen este ordenamiento. Mientras la costa comercial de Santa Cruz es de 94 km y recogió ¢160 millones el año pasado por el canon sobre las concesiones, la de Carrillo es de 52 km y recoge casi el doble: ¢318 millones.
Según el jefe a.i. del departamento de ZMT de Carrillo, Jorge Díaz, toda la costa de su cantón tiene un plan regulador integral que el municipio desarrolló en coordinación con el ICT.
Planes enterrados
La anterior asistente del concejo municipal de Santa Cruz, Isabel Barrantes, recuerda que la municipalidad trató de usar sus propios recursos en los planes reguladores del cantón, pero que la iniciativa se detuvo cuando reubicaron a una de las ingenieras en otra municipalidad.
Aunque pareciera que la falta de presupuesto que percibe Santa Cruz es un motivo de peso para no hacer este tipo de inversiones; Adolfo Gell, asesor legal de PRODUS, contó que los planes reguladores de Osa y Golfito se financiaron por medio de organizaciones no gubernamentales.
“Hay distintas opciones. El Mideplan por ejemplo, permite financiar estudios técnicos como planes reguladores”, acotó Zumbado. Así han resuelto algunas municipalidades la falta de presupuesto para un estudio técnico que respalde el plan.
Si todo está en regla, no solo el cantón se beneficia de los impuestos que recaude: también hay una figura legal mucho más fuerte que respalda los derechos que tienen los empresarios en la zona.
