- La fecha límite es el próximo 15 de febrero.
- Académicos, sociedad civil, organizaciones y Estado pueden participar.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invita a organizaciones, Estados, sociedad civil y académicos a presentar investigaciones o estudios sobre la difusión masiva de información falsa (fake news), especialmente en contextos electorales.
Las contribuciones serán recopiladas y podrán ser difundidas en la página web de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Además, alimentarán un proceso de discusión que se lleva adelante desde diciembre pasado y hasta abril próximo, el cual culminará con un Panel de Expertos multidisciplinario a cargo de presentar recomendaciones a la Relatoría Especial.
La fecha límite para presentar los aportes y contribuciones es el próximo 15 de febrero. Los aportes pueden enviarse a cidhexpresion@oas.org
Según se detalla en la página web de la Relatoría, se pueden presentar datos y evidencia empírica del fenómeno de la desinformación deliberada, causas y posibles efectos. Por ejemplo, investigaciones que hayan documentado el fenómeno, identificado a actores que lo causan, que lo facilitan o que lo promueven (directa o indirectamente).
Además, “estudios que hayan investigado los efectos de la desinformación, tanto a nivel sistémico (por ejemplo, en la calidad del debate público), así como en términos individuales (sobre los votantes, sobre el discurso de los políticos, etcétera)”.
También pueden enviarse trabajos que versen sobre principios o estándares de derechos humanos aplicables a esta problemática. En este aspecto lo que se busca es conocer la perspectiva de los interesados sobre la dimensión normativa ante la difusión de información falsa y si es necesario modificarla.
Los comentarios o estudios pueden por otra parte tratar sobre acciones posibles y actores involucrados. A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión le interesa conocer “la mirada de actores interesados sobre los distintos roles que juegan en esta cuestión las autoridades estatales, las autoridades electorales, el poder judicial, el poder legislativo, organismos de protección de datos personales, y—por otro lado—las empresas privadas de Internet, tanto proveedores de servicios como ISP hasta plataformas de contenidos como Facebook o Twitter, así como empresas de mensajería cifrada como Whatsapp”.
La Relatoría Especial recibió la solicitud -por parte de la Asamblea General de la OEA- de elaborar «una guía práctica de recomendaciones para garantizar la libertad de expresión, acceso a información de diversas fuentes en Internet durante el desarrollo de procesos electorales, sin interferencias indebidas».
Según se explica en la publicación, existe una preocupación extendida de los Estados Miembros de la OEA sobre el fenómeno de la diseminación masiva de información falsa pese a saber que es falsa y con la intención de engañar al público.
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