Firma: Tomás Huertas
Respetando los procedimientos de la Dirección de Comunicación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el lunes 2 de mayo solicité vía correo electrónico información pública fundamental para el trabajo periodístico que realizo en Punto y Aparte. Tal y como lo indica la institución en internet y como reiteraron vía telefónica, cualquier solicitud de prensa se debe realizar al email de uno de los funcionarios -y ellos mismos facilitaron uno-. A esa dirección se solicitaron datos sobre los cortes de agua que afectan a la población del Valle Central y sobre las proyecciones a las afectaciones del servicio que se podrían esperar para los próximos meses.
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Diez días hábiles y no mandaron ni un acuse de recibo! Pensando en que tal vez la persona a la que le envié el correo estaba muy ocupada, se había incapacitado o ya no trabajaba en el AyA, solicité por segunda vez los datos que requería a otra de las personas encargadas de la comunicación institucional.
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Diez días hábiles y no se recibió ni un acuse de recibo! Con el tiempo agotándose, con el deadline más cerca y con un reportaje a la espera de avanzarse, quedó claro que una oficina de prensa no podía ser más la fuente de información y hubo entonces que buscar nuevas opciones. Aunque desde el vencimiento del primer plazo la legislación dejaba abiertas las puertas para exigir en la Sala Constitucional que la INFORMACIÓN PÚBLICA fuera entregada, se decidió evitar sumergirse en el mar de los recursos de amparo, los abogados y sus tecnicismos que no iban a llevar a nada más que seguir perdiendo tiempo dentro de un cronograma que está cada vez más cerca de agotarse.
Se recurrió entonces a las autoridades máximas del AyA y con una solicitud de INFORMACIÓN PÚBLICA, basada en la Constitución Política, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Convención Americana de Derechos Humanos y toda la jurisprudencia constitucional que le ha recordado a la burocracia la publicidad de la información que manejan, se presentó ante la Presidencia Ejecutiva la misma lista de datos que la institución había sido incapaz de facilitar durante un mes. Realizar este trámite involucró volver a empezar a cero los plazos, el desperdicio de papel en copias de recibido y una visita a las instalaciones centrales, es decir, sacar tiempo de trabajo y estudio para estancarse por varias horas en las presas que un aguacero de junio genera en los alrededores de La Sabana.
Cuando por fin logré llegar a la sede del AyA en Rohrmoser aprendí requisitos burocráticos nuevos, tales como que las cartas deben indicar el número de teléfono de la persona. El día que se cumplía un mes exacto de la primera solicitud, etc. La Presidencia Ejecutiva del AyA selló la carta de solicitud y comenzó, por tercera vez, la espera de INFORMACIÓN PÚBLICA. Por primera vez en un mes, un representante del AyA tuvo la cortesía de dar la cara para comunicar que la información ya se estaba preparando, pero que sería difícil de facilitar, pues no sabían si cabría en un correo electrónico. Drive, Dropbox o un simple CD hubieran sido alternativas lógicas. Días después recibí otra llamada para avisar que ya el CD estaba listo, PERO, que tenían que hacer un oficio para poder entregarlo, y que el encargado no estaba.
Esta mañana, finalmente, me entregaron un disco compacto donde, en teoría, está la INFORMACIÓN PÚBLICA que se tuvo en silencio durante tantos días. Los datos me llegan 29 días después de lo que tuvieron que haber llegado. 29 días de investigación y trabajo retrasados por un departamento de prensa que no fue capaz de facilitar datos a un colega, que no fue capaz de explicar las razones para su silencio, que no fue capaz de remitir a la oficina competente y que no fue capaz, al final, de brindar ningún dato. Los días perdidos, las horas buscando información, el dinero invertido, el tiempo de mis estudios y el atraso en mi proyecto no me lo repone nadie, pero más grave que eso es que nadie le repone al país los incumplimientos de sus funcionarios, nadie le repone al gremio los retrasos que implica no recibir respuestas a tiempo, nadie le repone a la profesión el desprestigio que le provocan colegas que no cumplen sus funciones y nadie NOS repone a los ciudadanos las violaciones a los Derechos Humanos y Constitucionales que representa el no poder acceder a la INFORMACIÓN PÚBLICA en las condiciones y plazos que el Ordenamiento Jurídico garantiza.
Ojalá lo ocurrido sea un caso aislado y excepcional. Ojalá ningún otro periodista y mucho menos ningún otro ciudadano se vea involucrado en este juego de plazos y peticiones para poder ejercer sus derechos. Ojalá esto se trate solo de una anécdota. Ojalá.
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